Coahuila, entre los 11 estados del país que siguen padeciendo inseguridad vial

CIUDAD DE MÉXICO.– La agenda de seguridad vial sigue siendo una urgencia desatendida, lo que en al menos 11 entidades del país cobra cada año la vida de aproximadamente 16 mil mexicanos, a causa de siniestros de tránsito prevenibles.

Tal conclusión es parte de los resultados que, al término del primero de los dos días de actividades de la Octava Semana Global por la Seguridad Vial de Naciones Unidas, dio a conocer el jueves la agrupación Coalición Movilidad Segura.

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Las 116 organizaciones mexicanas que la componen se han reunido con miras a evaluar y fortalecer su labor de promover que se garantice el derecho humano a la movilidad, informaron sus representantes.

Esta debe darse “en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”, conforme al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se destacó.

En la presentación de los resultados previos del evento, se hizo referencia a “los pendientes urgentes en materia de seguridad vial”, a saber, “una deuda que sigue costando vidas y reproduciendo desigualdades en nuestro país”.

A dos años de la entrada en vigor de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), y a cinco de la reforma constitucional, aún hay gobiernos estatales que “omiten cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la movilidad segura”.

“Es inadmisible que, a pesar del mandato de mayo de 2022, once congresos locales aún no cumplan con la armonización de las leyes estatales para estar acordes con la LGMSV”, expresaron los participantes, entre ellos, Erick Antonio Ochoa, de Salud Justa Mx.

A través de un comunicado que emitió posteriormente, la Coalición Movilidad Segura presentó la lista de entidades que aún no atienden esta responsabilidad: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas.

Los congresos de dichos estados “tienen un atraso de más de dos años” en sus trabajos legislativos sobre la materia.

Se pronunciaron por que la armonización legislativa no sea vista solo como un trámite burocrático, sino como “la base para que todos los órdenes de gobierno asuman con responsabilidad la construcción de entornos seguros para la vida”.

Ochoa declaró que mientras las leyes estatales no incluyan los 57 elementos clave de seguridad vial previstos en la Ley General, seguirá existiendo “un vacío” que da lugar a omisiones y deja “en estado de indefensión” a millones de ciudadanos.

“Los propios delegados de las 11 entidades faltantes llamamos a los congresos y a los gobernadores, así como a la jefa de Gobierno de la CDMX, a que armonicemos ya, a fin de salvar vidas”, expuso el titular de Salud Justa Mx.

Concluyó que el uso de la motocicleta está creciendo rápidamente en todo el país, y los siniestros viales que afectan a sus usuarios se están convirtiendo en una verdadera crisis de salud pública en México, tanto en zonas urbanas como rurales.

Este fenómeno, que impacta de manera directa a los sistemas de salud, a las familias y a la economía del país, “se profundiza en medio de vacíos legales, limitaciones institucionales y omisiones gubernamentales, toleradas por años”.

Valentina Ochoa, representante de Global Health Advocacy Incubator, exhortó a los tres niveles de gobierno a “actuar con responsabilidad para proteger la vida” de quienes se desplazan diariamente en motocicleta.

Reportó que el uso de vehículos de micromovilidad, como bicicletas y monopatines eléctricos, que también representa un serio riesgo en las condiciones actuales, ha crecido de forma significativa en zonas urbanas y periféricas.

“La transformación en la movilidad enfrenta una falta de regulación clara, lo que expone a quienes se desplazan de esta forma, como a los usuarios de la vía, a riesgos innecesarios”, resaltó.

“Es momento de establecer un marco normativo que reconozca, regule y proteja estos modos de transporte, priorizando la equidad territorial y la movilidad del cuidado”, estimó también Areli Carreón, titular de Bicitekas, A.C.

Resaltó que gran parte de los parques vehiculares, incluyendo motocicletas y unidades de transporte público, circula sin seguro por daños a terceros, lo que agrava el impacto económico y social de los siniestros, sobre todo para las familias de menores ingresos y para los servicios públicos de salud.

En su intervención, Alma Chávez Guth, de VIVIAC, A.C., y presidenta de FICVI, refirió que “en muchos estados del país, los servicios de atención prehospitalaria son inexistentes o insuficientes”.

Esto significa que una persona lesionada en un siniestro vial puede tardar horas en recibir atención médica, reduciendo drásticamente sus posibilidades de sobrevivir.

“No puede haber justicia social sin un sistema de emergencia que responda con eficacia y dignidad ante una urgencia”, enfatizó.

De igual manera, en gran parte de las entidades los vehículos que prestan el servicio de transporte de pasajeros “circulan sin cumplir con estándares mínimos de seguridad, estipulados en la NOM-194”.

La situación se agrava con la falta de una norma de inspección físico-mecánica obligatoria para todos los vehículos independientemente de su uso.

“Garantizar la seguridad vehicular en el transporte público es una medida urgente de justicia social, particularmente para quienes dependen de él y no cuentan con alternativas seguras de movilidad”, aseveró Chávez Guth.

“Por lo tanto, hacemos un llamado urgente para actualizar el marco regulatorio en los términos que dicta la LGMSV”, externó por su parte Stephan Brodziak, representante de El Poder del Consumidor.

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Coincidió con Alma Cruz, de MUNLI, en que, “lamentablemente, la protección de niñas y niños en vehículos privados sigue sin ser una prioridad en las políticas públicas; el no uso de sistemas de retención infantil sigue costando vidas”.

“Ninguna ley o política pública de seguridad vial estará completa mientras no se garantice la seguridad de la infancia en cada trayecto”, recalcó.