‘Que mi historia sea la última’... Alejandra Cuevas denuncia ante la CIDH a Gertz Manero por persecución institucional

Alejandra Cuevas Morán, protagonista de uno de los casos judiciales más controversiales de la última década en México, formalizó este miércoles una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el fiscal general Alejandro Gertz Manero. La acusación: haber orquestado una persecución institucional que afectó profundamente a tres generaciones de su familia.

“Fui encarcelada por cuidar. Mi madre, por amar. Mis hijos, por resistir”, escribió Cuevas al anunciar la denuncia, haciendo un llamado para que su historia sea la última que evidencie el uso del poder judicial como arma de venganza.

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UNA PERSECUCIÓN QUE COMENZÓ CON UNA MUERTE

El conflicto se remonta a 2015, cuando Federico Gertz Manero —hermano del fiscal— falleció tras un mes de hospitalización. Aunque en ese momento no hubo imputaciones, la denuncia presentada por Gertz contra Laura Morán, pareja del fallecido durante más de 60 años, fue reactivada una vez que él asumió la titularidad de la Fiscalía General de la República en 2019.

A partir de ese momento, comenzó un proceso legal que culminó en octubre de 2020 con la detención de Alejandra Cuevas, hija de Laura Morán. Cuevas fue acusada de “homicidio por omisión” bajo una figura inexistente en la ley mexicana: la de “garante accesoria”.

528 DÍAS DE PRISIÓN Y UNA LIBERACIÓN HISTÓRICA

Cuevas permaneció 528 días recluida en el penal de Santa Martha Acatitla sin pruebas concluyentes ni juicio justo. En marzo de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su liberación, al dictaminar que no existía base legal para procesarla.

El fallo también exoneró a Laura Morán, quien, a sus 94 años, enfrentaba una orden de arresto domiciliario. Sin embargo, la persecución y la presión institucional marcaron los últimos años de su vida, hasta su fallecimiento el 29 de febrero de 2024.

INTROMISIÓN Y FILTRACIONES EN LA CÚSPIDE DEL PODER

Uno de los puntos más críticos del caso fue la filtración de audios en los que el fiscal Gertz Manero admitía haber obtenido ilegalmente borradores de amparos en trámite y ejercido presión sobre ministros de la Corte.

Estos hechos motivaron que el entonces presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, atrajera el caso para blindarlo de posibles “influencias indebidas”. Finalmente, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propuso el amparo liso y llano, considerando que no había delito qué perseguir.

EXILIO Y DAÑO IRREPARABLE

Pese a su liberación, la familia Cuevas Morán no pudo retomar su vida en libertad. Temiendo nuevas represalias, se exiliaron del país. Alejandra Cuevas lo resume con estas palabras:

“Vivimos en tierra ajena, marcados por el miedo, el desarraigo y la sensación de que la libertad sigue siendo condicional”.

En su declaración ante la CIDH, Cuevas subrayó que su encarcelamiento no fue un accidente judicial, sino una acción deliberada del aparato estatal:

“Fue un acto ejecutado con precisión por instituciones que traicionaron su mandato constitucional”.

DATOS CURIOSOS DEL CASO

• Figura jurídica inventada: El término “garante accesoria” usado para justificar la detención de Alejandra Cuevas no existe en la legislación mexicana.

• Caso sin precedentes: Es uno de los pocos en la historia moderna donde la SCJN reconoce expresamente la fabricación de un delito desde el poder público.

• Persecución multigeneracional: El caso involucró a Laura Morán (entonces de 94 años), a Alejandra Cuevas y a sus hijos, quienes fueron acusados de extorsión por denunciar públicamente la persecución.

• Apoyo internacional: La denuncia ante la CIDH fue acompañada por el activista Adrián LeBarón, quien también ha buscado justicia fuera del país por crímenes impunes.

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“QUE NUNCA MÁS EL PODER DESTRUYA FAMILIAS”

En su intervención ante la CIDH, Alejandra Cuevas pidió que se declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra su familia. Exigió medidas de reparación y garantías de no repetición:

“Denuncio al Estado mexicano y pido que nunca más se permita que el poder se use para destruir familias. Que mi historia sea la última”.

Con esta acción, Cuevas busca no solo justicia para su familia, sino sentar un precedente internacional contra el uso arbitrario del aparato judicial con fines personales. El caso será revisado por la CIDH, que decidirá si lo admite y eventualmente lo remite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.