Vinculan a proceso a ex colaboradores de Graco Ramírez por fallida planta de residuos

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos dio a conocer la vinculación a proceso de tres exfuncionarios de la administración de Graco Ramírez (2012-2018) por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

En una audiencia celebrada el 2 de mayo, un juez determinó vincular a proceso a Einar Topiltzin, ex secretario de Desarrollo Sustentable; a José Iván, ex subsecretario de Gestión Ambiental; y a Noé, ex director de Gestión Ambiental en Morelos.

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A los tres se les señala por presuntos omisiones en el mantenimiento y operación de la Planta de Valorización de Residuos Sólidos Urbanos, en el municipio de Xochitepec, a la que se destinaron recursos públicos por un monto de 39 millones 500 mil pesos. Actualmente está fuera de operación y en abandono.

Según la investigación, la planta no recibió el mantenimiento estipulado en programas oficiales, ni se operó conforme a los manuales técnicos correspondientes.

Se señala que el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable habría incumplido con administrador, dirigir y supervisar los programas estatales, incluida la Estrategia para la Gestión Integral de los Residuos del Estado de Morelos, lo que habría llevado al deterioro de la planta construida en 2016.

A la vez, el ex subsecretario habría omitido aplicar y evaluar convenios vinculados con la gestión de residuos sólidos urbanos, en tanto el ex director general no habría supervisado ni coordinado el funcionamiento de la planta.

Se acusa que las omisiones habrían derivado en el abandono del proyecto al terminar la administración, pues quedó inoperante y no cumplió con su propósito ambiental. También se hallaron presuntas deficiencias como falta de personal capacitado, ausencia de protocolos técnicos y jurídicos y ausencia de mecanismos de control.

También se detectó que no se informó al entonces gobernador que la planta se iba a construir en una zona de reserva natural clasificada como selva baja caducifolia, lo que generó un impacto ambiental negativo.

El juez otorgó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria y dictó como medida cautelar la firma periódica mensual de los imputados ante la Unidad de Medidas Cautelares.