La falta de recursos compromete la eficiencia de las instituciones electorales en el actual proceso

El principal reto a vencer en el actual proceso electoral se refiere al presupuesto limitado y su relación directa con la eficiencia operativa de las instituciones electorales.

“Esto plantea un desafío significativo que va más allá de una mera gestión financiera”, advirtió Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

En esencia, este “limitado presupuesto refleja una tensión entre la aspiración de fortalecer la democracia y la realidad económica del país”, indicó el funcionario a través de un artículo para un medio especializado.

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Al ser la elección judicial un proceso complejo, requiere una logística sofisticada y, por ende, de recursos adecuados para asegurar transparencia y eficiencia, dijo.

De otra manera, explicó, se limita la capacidad de las autoridades para implementar campañas informativas efectivas, lo que resulta en una ciudadanía menos informada sobre el proceso con las implicaciones que esto conlleva.

Rodríguez Fuentes dejó entrever que una insolvencia no es cosa menor, pues plantea la disminución de la participación electoral.

Debido a ello, el electorado puede sentirse desorientado o desinteresado por la falta de información clara sobre las candidaturas y sus propuestas.

Si los recursos son insuficientes para garantizar un proceso electoral transparente y equitativo, se corre incluso el riesgo de que la elección se vea influenciada por factores externos, como intereses políticos o económicos, advirtió.

Concretamente, “esto podría erosionar la confianza pública en el sistema judicial, lo que sería contraproducente para el objetivo que persigue la propia reforma de fortalecer la legitimidad través de elecciones populares”, indicó el titular del IEC.

Otro de reto es la equidad en la contienda, pues, conforme a los lineamientos y normativa emitido tanto las autoridades electorales, las candidaturas judiciales tienen restricciones significativas respecto a sus campañas.

Dos de ellas son, por ejemplo, evitar promesas populistas o propuestas fuera del marco legal, explicó el funcionario.

Por otra parte, es preciso fiscalizar de forma efectiva gastos de campaña, asegurar el acceso igualitario a los canales de comunicación y promover un debate público informado sobre las propuestas y los antecedentes de todas las candidaturas.

El reto de la equidad va enlazado con otro igual de relevante: la coordinación interinstitucional entre INE y OPLES. Esta requiere una colaboración efectiva entre diversas entidades para garantizar un proceso transparente y eficiente.

Esta elección judicial, puntualiza Óscar Daniel Rodríguez, representa una oportunidad histórica para consolidar la democracia desde lo local.

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Pero también pone a prueba la capacidad institucional para enfrentar retos logísticos, de coordinación y presupuestario.

Se dijo convencido de que la participación activa e informada de la ciudadanía será esencial para legitimar este modelo innovador.

Asimismo, las autoridades electorales deben continuar firmes en el camino para garantizar transparencia, equidad y eficacia en cada una de las etapas del proceso.

En suma, este ejercicio, no solo redefine la relación entre ciudadanía y justicia, sino también “abre la puerta a reflexionar sobre cómo adaptar modelos democráticos sin comprometer su esencia ni funcionalidad”, refirió.